Derecho de insolvencia en Elche: cuándo debe actuar una empresa antes del concurso

Cuando una empresa empieza a encadenar tensiones de tesorería, retrasos de pago o dificultades para atender sus compromisos financieros, no siempre está ya en concurso, pero sí puede encontrarse en un punto en el que esperar demasiado sale caro. En ese momento, contar con un enfoque preventivo y con asesoramiento especializado deja de ser una cuestión secundaria.

En Bufete Sempere Jaén, despacho con sede en Elche y experiencia en procedimientos concursales y preconcursales, el trabajo no consiste solo en reaccionar cuando la situación es crítica. También consiste en ayudar a la empresa a analizar su posición, ordenar la deuda, valorar si existen vías de refinanciación o reestructuración y decidir, con criterio, cuándo debe darse el paso hacia un procedimiento concursal.

Este artículo actualiza la URL antigua para convertirla en una guía útil sobre derecho de insolvencia en Elche pensada para empresas que necesitan entender qué está pasando, qué riesgos existen y qué margen real de actuación tienen.

Qué es el derecho de insolvencia en Elche y por qué importa a las empresas

Hablar de derecho de insolvencia en Elche no es hablar solo de concurso de acreedores. Es hablar del conjunto de herramientas jurídicas que permiten a una empresa afrontar una situación de dificultad económica con orden, previsión y seguridad jurídica. En la práctica, eso incluye el análisis de la posición financiera, las negociaciones con acreedores, los planes de reestructuración, la refinanciación de deuda y, cuando no queda otra salida razonable, la tramitación del concurso.

La normativa concursal vigente, tras la reforma introducida por la Ley 16/2022 sobre el texto refundido de la Ley Concursal, ha reforzado precisamente esa idea: actuar antes. El objetivo no es esperar al colapso, sino identificar si la empresa aún puede reordenar su situación a tiempo.

Para muchas pymes de Elche y su entorno, esto tiene una importancia clara. No todas las dificultades económicas significan cierre inmediato. En ocasiones, una empresa viable atraviesa una etapa de sobreendeudamiento, caída puntual de ingresos, incremento de costes o bloqueo de tesorería y necesita una estrategia jurídica y financiera bien planteada para ganar tiempo y proteger su actividad.

Cuándo debe actuar una empresa ante una situación de insolvencia

Desde una perspectiva práctica, lo importante no es discutir etiquetas, sino detectar cuándo la empresa ya no puede atender sus obligaciones con normalidad o va camino de no poder hacerlo. Cuanto antes se haga ese diagnóstico, más opciones habrá de ordenar la situación sin llegar a escenarios más traumáticos.

En la práctica concursal suele distinguirse entre probabilidad de insolvencia, insolvencia inminente e insolvencia actual. No todas las empresas que tienen tensiones de caja se encuentran en la misma fase, y precisamente por eso no conviene tomar decisiones estándar. Un retraso puntual no exige la misma respuesta que una imposibilidad estructural de pago o que una acumulación de deuda que ya compromete la continuidad del negocio.

El asesoramiento en esta fase debe valorar cuestiones como la estructura de deuda, el calendario de vencimientos, la existencia de acreedores públicos o financieros, los compromisos laborales, la viabilidad operativa de la empresa y el margen real para negociar. Ese análisis previo es clave para decidir si conviene explorar un preconcurso y una negociación con acreedores, preparar un plan de reestructuración o acudir directamente al concurso.

En muchas empresas, además, la situación no puede leerse solo desde la deuda bancaria. La presencia de crédito público, obligaciones laborales o garantías personales de administradores y socios cambia por completo la estrategia. Por eso, el análisis de insolvencia debe ser transversal y no limitarse a comprobar si hay caja para el siguiente vencimiento.

Señales que no conviene ignorar

Hay empresas que tardan en pedir ayuda porque identifican la insolvencia solo con un escenario extremo. Sin embargo, el deterioro suele reflejarse mucho antes. Algunas señales frecuentes son la necesidad constante de refinanciar vencimientos de corto plazo, la incapacidad para pagar con normalidad a proveedores, el uso sistemático de aplazamientos para sostener la actividad, la pérdida de acceso a financiación o el aumento de reclamaciones y tensiones con acreedores.

También deben analizarse con cuidado los supuestos en los que la empresa sigue operando, pero lo hace a costa de diferir obligaciones esenciales, generar más deuda o asumir compromisos que ya no puede sostener con una expectativa razonable. Esperar en exceso puede reducir el margen de negociación, empeorar la posición frente a acreedores y aumentar los riesgos para administradores y directivos.

Por eso, dentro del derecho de insolvencia en Elche, una de las funciones más valiosas del despacho es precisamente ordenar la información y separar lo que es un bache gestionable de lo que ya exige una actuación jurídica inmediata.

Qué soluciones ofrece el derecho de insolvencia en Elche antes del concurso

Uno de los mayores errores es pensar que el concurso es la primera y única respuesta. No siempre es así. El marco actual da un papel relevante a los instrumentos preconcursales y a las soluciones de reestructuración, especialmente cuando la empresa todavía conserva actividad viable y existe una base sobre la que negociar.

Entre esas soluciones pueden encontrarse la refinanciación de deuda, la negociación ordenada con acreedores, la reorganización operativa, la revisión de contratos relevantes, la venta de activos no estratégicos o la preparación de planes de reestructuración ajustados a la realidad del negocio. El despacho debe ayudar a valorar qué combinación tiene sentido y cuál puede sostenerse jurídicamente.

En Bufete Sempere Jaén, el área de insolvencia se articula precisamente sobre ese enfoque: asesoramiento en procedimientos concursales y preconcursales, refinanciación y reestructuración de deuda, asistencia en todas las fases del procedimiento y análisis de la responsabilidad de administradores y directivos cuando la empresa atraviesa dificultades financieras.

Cuándo puede ser necesario acudir al concurso de acreedores

Hay situaciones en las que la mejor decisión no es seguir alargando negociaciones sin resultado, sino preparar correctamente el concurso. Lejos de verse solo como una derrota, el concurso puede ser la vía adecuada para proteger el patrimonio, ordenar el pasivo, canalizar la relación con acreedores y evitar decisiones descoordinadas cuando la insolvencia ya es insostenible fuera del juzgado.

La clave está en llegar a ese punto con un trabajo previo serio. Un concurso presentado tarde, sin estrategia y con la empresa ya muy deteriorada, no ofrece las mismas posibilidades que uno preparado con antelación suficiente. Además, en determinados supuestos pueden existir modalidades o situaciones específicas, como el concurso sin masa, que también conviene valorar con asesoramiento técnico antes de actuar.

Cuando el problema ya afecta a la continuidad ordinaria del negocio, la prioridad no debe ser improvisar, sino documentar bien la situación, revisar obligaciones pendientes, preparar la información económica necesaria y decidir qué camino protege mejor a la empresa y a sus responsables.

Qué puede aportar un despacho especializado en derecho de insolvencia en Elche

En un escenario de tensión financiera, un despacho no solo redacta escritos o presenta solicitudes. Su valor está en diagnosticar la situación con criterio, coordinar la estrategia jurídica con la realidad económica de la empresa y ayudar a tomar decisiones que no agraven el problema. En Elche, además, ese acompañamiento cercano tiene una ventaja adicional: entender el tejido empresarial local y trabajar con rapidez cuando el tiempo juega en contra.

Un asesoramiento útil en derecho de insolvencia en Elche debe revisar la deuda financiera, comercial, laboral y pública; detectar contingencias que puedan complicar una negociación; analizar si el negocio es viable o necesita una reordenación más profunda; y estudiar la posición de los administradores para minimizar riesgos personales. No se trata solo de saber qué dice la norma, sino de saber qué implica en la práctica para esa empresa concreta.

Esa revisión también permite evitar errores frecuentes de gobierno corporativo en momentos de crisis: seguir asumiendo obligaciones sin base real de cumplimiento, retrasar decisiones esenciales o mezclar soluciones urgentes con medidas que solo aplazan el problema. En escenarios así, la coordinación entre las áreas mercantil, laboral, fiscal y procesal resulta especialmente relevante.

Por eso, cuando la empresa necesita actuar, lo razonable es combinar visión jurídica, mercantil, laboral y financiera. El despacho trabaja mejor cuando no se limita a un trámite aislado, sino que acompaña la decisión desde la evaluación inicial hasta la ejecución de la estrategia elegida.

Errores frecuentes en empresas con problemas de liquidez

El primero es esperar demasiado por miedo al estigma del concurso o por confiar en una mejora espontánea que no llega. El segundo es negociar de forma desordenada, dando mensajes distintos a cada acreedor o aceptando compromisos imposibles de cumplir. El tercero es confundir liquidez puntual con viabilidad estructural y seguir operando sin revisar si el modelo puede sostenerse.

También es un error abordar la insolvencia como un asunto exclusivamente contable. Las decisiones en esta fase afectan a contratos, plantilla, garantías, financiación, responsabilidad societaria y estrategia procesal. Por eso, una respuesta parcial suele quedarse corta. El derecho de insolvencia en Elche exige una visión técnica, pero también práctica y coordinada.

Preguntas frecuentes sobre derecho de insolvencia en Elche

¿Toda empresa con problemas de tesorería está en insolvencia?

No necesariamente. Puede haber tensiones puntuales de liquidez que no equivalen a una insolvencia estructural. Lo importante es analizar si la empresa puede atender sus obligaciones de forma regular y si dispone de una vía realista para estabilizarse sin seguir deteriorando su posición.

¿Una pyme puede utilizar mecanismos preconcursales?

Sí. Dependiendo de su situación, puede valorar instrumentos de negociación y reestructuración antes de acudir al concurso. La cuestión no es el tamaño por sí solo, sino la viabilidad del negocio, la composición de la deuda y el momento en que se actúa.

¿El concurso significa siempre el cierre de la empresa?

No. En algunos casos el concurso puede servir para ordenar la situación y dar salida a la actividad o a parte de ella. En otros, la continuidad no será viable. Precisamente por eso cada caso debe analizarse de forma individual y con información económica completa.

¿Cuándo conviene buscar asesoramiento?

Conviene hacerlo antes de que la empresa pierda capacidad de maniobra. Cuando ya hay incumplimientos encadenados, reclamaciones crecientes o tensión continuada con acreedores, el margen suele reducirse. Actuar pronto permite evaluar más opciones y tomar decisiones mejor defendibles.

Conclusión y contacto

El derecho de insolvencia en Elche no debe abordarse solo cuando la empresa está al límite. Bien utilizado, permite anticiparse, ordenar la situación y decidir con criterio si procede reestructurar, negociar o acudir al concurso. Lo importante es no normalizar una situación que ya exige respuesta jurídica.

Si tu empresa atraviesa dificultades de liquidez, tensiones con acreedores o dudas sobre si ha llegado el momento de actuar, en Bufete Sempere Jaén podemos revisar el caso de forma individual, valorar la situación y ayudarte a elegir la vía más adecuada con una visión práctica y rigurosa.

Enlaces internos sugeridos

• Asesoramiento jurídico

• Contacto

• Cómo articular un preconcurso en la empresa

• Cómo preparar un plan de reestructuración

• El concurso sin masa

Enlaces externos recomendados

• Texto refundido de la Ley Concursal – BOE

• Ley 16/2022, de reforma concursal – BOE

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El primer paso es el crédito contra la masa. Nacen después de la declaración del proceso concursal, y tiene privilegio de cobro.

Se establecen en el art 242 de la Ley Concursal, esto es, cualquier deuda que se haya contraído una vez que la empresa ha declarado su situación de quiebra, debe ser la primera en cancelarse.

El otro paso son los créditos concursales que son los créditos que ya estaban, los antes de la declaración de concurso por parte de la empresa.

Su clasificación es la siguiente:

• Salariales: Los salarios que se deban abonar a los trabajadores, correspondientes a los 30 días a partir de la declaración de concurso.
• Gastos judiciales: Los gastos de representación y asistencia legal, además de los correspondientes al administrador concursal
• Administrador concursal: por el Asesora, gestiona la situación, y mantiene un control de las deudas para su cancelación, de manera que se beneficien todas las partes implicadas, dentro de lo que sea posible.

Los últimos en cobrar son los créditos subordinados, como pueden ser los que clasifique como tal el administrador concursal por comunicación extemporánea, los pactos que por contrato sean subordinados respecto de los demás créditos contra el concursado, las multas y otras sanciones pecuniarias, etc.

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Las soluciones preconcursales pueden facilitar eludir la necesidad de ir a concurso y ofrece una salida a la situación de insolvencia del deudor.

Los objetivos que se persiguen pasan por:

a) Facilitar, tanto las propuestas anticipadas de convenio como la conclusión de acuerdos de refinanciación de deuda entre el deudor y algunos de sus principales acreedores, dotándoles de seguridad y garantía en un eventual procedimiento concursal.

b) Impulsar los acuerdos extrajudiciales de refinanciación que permitirían, sobre la base de la continuidad de la actividad, maximizar el valor del patrimonio del deudor común, incrementando las posibilidades de que incluso los acreedores no intervinientes en el acuerdo puedan satisfacer en mayor medida sus créditos.

Opción del Concurso Exprés

El concurso exprés es una modalidad de concurso de acreedores que se articuló en la legislación concursal para empresas en situación de insolvencia y que carezcan de bienes suficientes para hacer frente a sus deudas. Dicho procedimiento está previsto en el actual Texto refundido de la ley concursal en su artículo 470.

Pueden recurrir a este procedimiento las sociedades que ven inviable continuar con el negocio y prefieren liquidarlo para evitar generar más deuda. Por lo tanto, es un procedimiento reservado a casos muy críticos donde se prevé la imposibilidad de atender a los propios costes de procedimiento concursal.

En este tipo de procedimientos, el juez debe apreciar que de manera evidente el patrimonio del concursado no será suficiente para satisfacer los créditos contra la masa o que no tengan ningún bien para liquidar.

El concurso de acreedores exprés ofrece numerosas ventajas para los empresarios que buscan soluciones rápidas para sus empresas en crisis:

No se procede al nombramiento de administración concursal: esto implica ahorrar tiempo y dinero, ya que el juzgado de la designación no tiene que proceder a la búsqueda y nombramiento de administrador concursal y además se eliminan los honorarios de éste.

No se ejecuta la fase de calificación del concurso: lo que deriva en la no responsabilidad del deudor por la situación de insolvencia en la que se encuentra la empresa.

Expertos en Derecho

Después de más de 55 años de servicios jurídicos para nuestros clientes, Bufete Sempere Jaén cuenta con un grupo de abogados y consultores, profesionales especializados en las más diversas áreas de Derecho a nivel nacional e internacional para atender sus asuntos legales ofreciendo la mejor experiencia legal, alcanzado los objetivos establecidos y trabajando con nuestro sello: confianza, garantía y máxima profesionalidad.

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El plan de reestructuracion debe recoger, fundamentalmente, la descripción de la situación económica del deudor, la situación de los trabajadores, el activo y el pasivo, los acreedores afectados y sus clases, los contratos con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento que vayan a quedar resueltos, los acreedores o socios que no vayan a quedar afectados, las medidas de reestructuración propuestas (flujos de caja, financiación nueva, financiación interina y consecuencias sobre el empleo) y las condiciones necesarias para el éxito del plan (art. 633).

Se pretende que la actividad económica de la empresa continúe con un rediseño de su estructura, siendo por tanto un elemento preconcursal que evite la insolvencia o ayude a superarla desde una etapa más temprana y manejable para analizar sus posibilidades de pago (liquidez y rentabilidad) y comprometerse a un calendario de pago con los acreedores
Los créditos afectados son aquellos respecto de los cuales el plan de reestructuracion prevé algún tipo de modificación en sus términos o condiciones (vencimiento, quita, conversión, extinción de garantías, cambio de deudor o ley aplicable, por ejemplo).

El plan de reestructuracion no puede, en ningún caso, reducir el importe de los créditos de Derecho público, debiendo satisfacerse en doce (12) o seis (6) meses -según determinadas circunstancias- a contar desde el Auto de homologación (art. 616 bis, apartado 2).

Expertos en Derecho

Cada empresa es única, al igual que sus necesidades. Por ello, desde Bufete Sempere Jaén, el despacho de abogados en Elche (Alicante) ponemos a su disposición productos y servicios legales a la medida de su empresa y particulares. Nuestros gestores le asesoran de manera personalizada, de acuerdo a sus necesidades, aportando una combinación de conocimiento y perspectivas para actuar de una manera eficiente y resolutiva.

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Este concurso express (recogido en la Ley Concursal, antes de la actual modificación, como “la conclusión por insuficiencia de la masa activa simultánea a la declaración del concurso”) preveía, en el mismo Auto, la declaración y conclusión del concurso, derivado de la insuficiencia de masa activa con la que poder satisfacer los créditos reconocidos. El nuevo concurso sin masa, regulado en los artículos 37 a 37 quinquies, no concluye el procedimiento concursal como consecuencia de insuficiencia de masa pasiva.

¿Cómo es el proceso concursal?

Cuando el Juez de lo Mercantil considere que concurren los requisitos para apreciar la existencia de un concurso sin masa dictará Auto declarando elconcurso, con llamamiento al acreedor o acreedores que representen, al menos, el 5% del pasivo. Si lo consideran, los acreedores, en el plazo de los 15 días siguientes a contar desde la publicación del Auto (Boletín Oficial del Estado,y publicación en el Registro público concursal), podrán solicitar el nombramiento de un Administrador Concursal para que presente un informe
razonado y documentado sobre los siguientes extremos:

1. Si existen indicios suficientes de que el deudor ha podido realizar actos perjudiciales para la masa activa que puedan ser
   rescindibles (por ejemplo, que se ha procedido a la venta de activos de la sociedad en los dos años inmediatamente anteriores
   al concurso con perjuicio para la masa activa)
2. Si existen indicios suficientes para el ejercicio de una acción social de responsabilidad contra los administradores o liquidadores (po
3. Si existen indicios suficientes para que el concurso pudiera ser calificado como concurso culpable (por ejemplo, porque se ha
   producido un agravamiento de la situación patrimonial)

Cuando el acreedor o acreedores que representen al menos el 5% del pasivo soliciten el nombramiento de un administrador concursal, el Juez procederá al nombramiento del mismo para que emita ese informe en el plazo
de un mes. En estos casos, la retribución del Administrador Concursal será satisfecha por el acreedor o acreedores que hubieran solicitado al nombramiento, retribución que fijará el Juez el informe del Administrador Concursal apreciará la existencia de
indicios, el Juez dictará Auto complementario de declaración de concurso y la consiguiente apertura de la fase de liquidación.
En tal caso, la Administración Concursal deberá ejercitar acciones rescisorias o de responsabilidad y, si en el plazo de los dos meses siguiente a este Auto complementario no las hubiera presentado, podrán ejercitarse por los
acreedores.

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El sobreendeudamiento es aquella situación en la que los ingresos de una persona no son suficientes para hacer frente a sus necesidades básicas y a la totalidad de las deudas que haya contraído. Y sus causas pueden ser diversas:

• Falta de liquidez en la empresa. Si al hacer la compra en el supermercado, repostar en la gasolinera o efectuar cualquier otro gasto recurrente es necesario acudir a las tarjetas de crédito o los préstamos para pagar el consumo ante la falta de dinero propio disponible en el momento.

• Pago de una obligación con otra. Recurrir a préstamos o adelantos en efectivo de la tarjeta de crédito para pagar la mensualidad de la propia tarjeta o de cualquier otro tipo de deuda.

• Retraso o incumplimiento. Dejar sin abonar una obligación -por pequeña que sea- o, incluso, pagarla fuera del plazo ordinario ante la falta de recursos en el momento del vencimiento.

• Desequilibrio en las cuentas. Cuando no se cumple con la recomendación de la regla del 50/30/20, es decir, destinar el 50% de los ingresos a cubrir las necesidades básicas (alimentación, transporte, hipoteca o alquiler…), el 30% para gastos del día a día que no son básicos (caprichos, suscripciones al gimnasio, ocio…) y el 20% restante al ahorro.

Es importante estar atento a diversas señales que suelen ser un claro signo de que uno se encuentra en una situación de sobreendeudamiento o cercana a éste. La regla 70-30 es uno de los mayores consejos dados por los agentes financieros. Dicha regla consiste en designar al 70% de los ingresos en el pago de las necesidades y gastos vitales, y el restante 30% utilizarlo para pagar las deudas. En el momento en el cual las deudas superen ese 30% podría decirse que se está ante un caso de sobreendeudamiento, por lo que habrá que empezar a buscar soluciones.

Consecuencias

Recientemente hemos conocido una sentencia en la que una empresaria ha sido condenada por originar una situación de insolvencia en una empresa sin motivo alguno.

En este sentido, la Audiencia Provincial de León ha denegado la concesión de exoneración del pasivo insatisfecho a una empresaria al considerar que fue ella quien originó su situación de insolvencia sin motivo alguno ajeno a su voluntad ya que no consta nada en absoluto acerca de cómo se generó el endeudamiento y, dicha carencia de información y justificación ha conducido a la Sala a apreciar un alto grado de negligencia por parte de quien se endeuda al asumir un riesgo que sabía que no podía hacer frente.

La demandante no actuó con la debida diligencia, recurriendo a financiación externa para adquirir activos cuya necesidad no consta y ofreciendo un afianzamiento que ponía gravemente en riesgo su solvencia. Es decir, el endeudamiento que acumulaba estaba completamente injustificado ya que no respondía a ninguna necesidad acreditada, como fue el elevado coste de financiación para la sociedad y la adquisición de una nueva vivienda familiar.

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Será obligatorio que se declare el concurso cuando sea imposible cumplir con las obligaciones regularmente y la empresa se encuentre en una situación de insolvencia actual o inminente.

Podrán declarar el concurso:

• El propio empresario en un plazo de 2 meses desde que conozca su insolvencia. Este concurso se denomina concurso voluntario y si el empresario no lo solicita puede enfrentarse a la declaración de concurso culpable.

• Los acreedores que hayan intentado cobrar un crédito sin conseguirlo o los socios de la propia empresa. En este supuesto, nos encontramos ante un concurso necesario.

El responsable de declarar el concurso debe aportar una serie de documentación para acreditar la situación de insolvencia de la compañía y que se valore la procedencia del concurso como: una memoria económica, un inventario de bienes y derechos y una lista completa de los acreedores.

El inicio de las negociaciones

La comunicación es el inicio de negociaciones y tiene el efecto de paralizar o suspender temporalmente de las ejecuciones singulares, judiciales o extrajudiciales, sobre los bienes necesarios para continuar con su actividad empresarial.

Respecto de las deudas con la Administración, la regla general es la imposibilidad de suspensión de ejecuciones singulares de los acreedores públicos y, como excepción, la suspensión exclusiva­mente podrá acordarse durante la fase de realiza­ción o enajenación de los bienes o derechos nece­sarios para la continuidad de la actividad empresarial o profesional del deudor por un período limitado a tres meses.

Ello no impide el recurso al aplaza­miento y el fraccionamiento de deuda que recoge con carácter general la normativa tributaria y de la seguridad social.

La iniciativa de la comunicación corresponde al deudor y exige que concurra el presupuesto objetivo y, por consiguiente, que se encuentre en estado de insol­vencia probable, inminente o actual.

Se introducen medidas para evitar conductas abusivas y se recoge la novedad de presentar una comunicación conjunta, especialmente en el caso de que abarque a varias sociedades dentro de un grupo.

Una vez presentada la comunicación, sus efectos se produ­cen de forma automática, ope legis, y el control judicial se limita al contenido formal de la comunicación, en especial de la información que debe acompañarla, y la competencia del juzgado ante el que se ha presentado.

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Las acciones sociales de responsabilidad se encuentran reguladas en la Ley de Sociedades de Capital, divididas en función de contra quién se vayan a dirigir. Por un lado, se contempla la acción social de responsabilidad contra los fundadores derivadas de los daños que puedan producir estos al constituir una sociedad por las distintas declaraciones que realicen.

Este supuesto tiene un carácter preventivo. Suele ser especialmente relevante en los supuestos de la exactitud del contenido de los Estatutos Sociales y demás documentos constitutivos de una mercantil, así como en el responsable usa e inversión de los fondos destinados a la constitución. 

Por otro lado, tenemos la denominada acción social de responsabilidad por las aportaciones no dinerarias, supuesto conforme al cual, el experto en tasar el valor real de las aportaciones que se realicen responderá en supuestos de falsedad o inexactitud de la información que se aporta. 

Adicionalmente tenemos la acción social de responsabilidad contra los auditores de cuentas de la sociedad y contra los liquidadores de la sociedad en los supuestos del concurso de acreedores. 

La acción social de responsabilidad contra los administradores

También la denominada como acción social de responsabilidad contra los administradores, ES la más frecuente y conocida de las distintas acciones sociales. 

Esta se fundamenta en el incumplimiento de las obligaciones por parte de los administradores relacionadas a las funciones específicas y a las distintas tareas que debe realizar para la buena gestión de la sociedad. 

La acción social de responsabilidad determina que los administradores de derecho o de hecho responderán frente a la sociedad, los socios y los acreedores sociales de los daños causados por actos u omisiones que sean contrarios a la ley o a los estatutos, así como aquellos que se realizan incumpliendo los deberes inherentes al cargo. 

Para poder ejercer esta acción se requiere el cumplimiento de los siguientes puntos:

• Que los administradores hayan llevado a cabo una acción u omisión. Es decir, no se exige una conducta activa para poder pedir esta responsabilidad. El administrador puede ejercer una conducta causante de responsabilidad por la mera omisión de un deber.

• Que dicha conducta sea imputable a los administradores sea cual sea la forma del órgano de administración. Lo relevante de este punto es que el administrador realice esta conducta ejerciendo su cargo. Es decir, a nivel de ese órgano de administración y no a título personal y externo a la sociedad.

• Que la conducta sea antijurídica. Esto requiere que el actuar del administrador haya incumplido alguna provisión legal o estatutaria. Incluso se incluye que haya actuado ajeno al principio de diligencia de un ordenado empresario. Este último se contiene como un deber de los administradores en el art 225 LSC.

• Que hayan producido un daño a la sociedad. Este daño se materializa en un perjuicio al patrimonio de la sociedad. Este requisito es la clave para poder diferenciar la acción social de la acción individual de responsabilidad. En esta el daño se produce a la sociedad para la cual desempeña el cargo de administrador.

• Por último, que exista una relación causal entre la conducta del administrador y el daño societario. Este requisito junto con el anterior son los dos más importantes del ejercicio de esta acción. Es imprescindible que el daño sea consecuencia directa de la conducta realizada u omitida por el administrador. Con el incumplimiento de sus deberes legales o estatutarios causa un perjuicio a la sociedad.

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La primera obligación del administrador único es actuar de buena fe, es decir, no actuar de forma contraria a la que establece la ley ni utilizar su cargo o las funciones inherentes a de forma ilegal.

Las decisiones en cuanto a acciones de la empresa, a cumplimiento de obligaciones fiscales y tributarias, en material laboral… asegurando que se cumple el objeto social según establecen los estatutos empresariales, al tiempo que se cumple lo que marca la ley correspondiente.

En una sociedad limitada, la responsabilidad de los socios se reduce al capital aportado. En cambio, la responsabilidad de un administrador es mayor. Y hoy en Bufete Sempere Jaén como despacho de abogados especializado en la empresa, te da conocer las principales claves.

Las acciones del Administrador

Los administradores responderán personalmente y con todo su patrimonio por actos vinculados a la empresa que, de forma intencional, causen daño a la propia sociedad, a los socios o a terceros.

Una de sus metas es actuar diligentemente, implicarse y estar informado correctamente de la situación financiera de la compañía. También debe ejecutar las obligaciones legales y estatutarias.

• Llevar una contabilidad ordenada y en cumplimiento de obligaciones legales: el depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil dentro del plazo establecido al efecto.
• Actuar tal y como marca la Ley en aquellos casos en los que la sociedad se encuentre en desequilibrio patrimonial. Aprobar una reducción  ampliando del capital, realizando aportaciones ó disolviendo la sociedad. Todo ello debiendo convocar a la Junta General de socios o accionistas para que dentro del plazo de dos meses desde que conoció que la sociedad se encontraba en situación de desequilibrio.
• Con la nueva reforma de la Ley Concursal (B.O.E. 16/2022, para evitar esta responsabilidad da validez al hecho de solicitar, sin necesidad de convocar una junta general, la declaración de concurso de acreedores o bien, comunicar al juzgado la existencia de una negociación con los acreedores para alcanzar un plan de estructuración del pasivo, del activo o de ambos.

Responsabilidad subsidiaria por la comisión de infracciones tributarias.

• El administrador responde en segundo lugar, previamente se intentarán cobrar las deudas primero al responsable principal. En el caso de que sea imposible, se perseguirá al responsable subsidiario, es decir, al administrador.

Responsabilidad subsidiaria por cese de la actividad

• El administrador será responsable de aquellas personas jurídicas que hayan cesado en sus actividades, por las obligaciones tributarias devengadas de éstas que se encuentren pendientes en el momento del cese, siempre que no hubiesen hecho lo posible para su pago.
• Responsabilidad solidaria de quienes sean causantes o colaboren activamente en la realización de una infracción tributaria
• En este caso Hacienda puede elegir a quién reclamar. Esto suele ocurrir si el administrador participa en la ocultación o transmisión de bienes de la sociedad para intentar evitar que pague la deuda.

Responsabilidad por falsedad documental

Es función del administrador asegurarse de mantener y conservar los documentos de la empresa. De la falsedad de documentos será responsable el administrador de la empresa.

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