El ámbito de la intervención y de la suspensión estará limitado a los bienes y derechos integrados o que se integren en la masa activa, a la asunción, modificación o extinción de obligaciones de carácter patrimonial relacionadas con esos bienes o derechos y, en su caso, al ejercicio de las facultades que correspondan al deudor en la sociedad o comunidad conyugal.

Los actos del concursado que infrinjan la limitación o la suspensión de las facultades patrimoniales acordada por el juez del concurso solo podrán ser anulados a instancia de la administración concursal, salvo que esta los hubiese convalidado o confirmado.

Los actos realizados por el concursado con infracción de la limitación o de la suspensión de facultades patrimoniales no podrán ser inscritos en registros públicos mientras no sean confirmados o convalidados, alcance firmeza la resolución judicial por la que se desestime la pretensión de anulación o se acredite la caducidad de la acción.

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El primer paso es el crédito contra la masa. Nacen después de la declaración del proceso concursal, y tiene privilegio de cobro.

Se establecen en el art 242 de la Ley Concursal, esto es, cualquier deuda que se haya contraído una vez que la empresa ha declarado su situación de quiebra, debe ser la primera en cancelarse.

El otro paso son los créditos concursales que son los créditos que ya estaban, los antes de la declaración de concurso por parte de la empresa.

Su clasificación es la siguiente:

• Salariales: Los salarios que se deban abonar a los trabajadores, correspondientes a los 30 días a partir de la declaración de concurso.
• Gastos judiciales: Los gastos de representación y asistencia legal, además de los correspondientes al administrador concursal
• Administrador concursal: por el Asesora, gestiona la situación, y mantiene un control de las deudas para su cancelación, de manera que se beneficien todas las partes implicadas, dentro de lo que sea posible.

Los últimos en cobrar son los créditos subordinados, como pueden ser los que clasifique como tal el administrador concursal por comunicación extemporánea, los pactos que por contrato sean subordinados respecto de los demás créditos contra el concursado, las multas y otras sanciones pecuniarias, etc.

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La norma que entró en vigor en septiembre del pasado año recoge una exoneración de las deudas contraídas con Hacienda y la Seguridad Social por un valor de 10.000 euros en cada caso.
Sobre este asunto existe todavía controversia judicial.

El Juzgado de lo Mercantil número 10 de Barcelona ha sido el último en remitir la cuestión, que fue ingresada por el TJUE el 17 de mayo. La Directiva europea de insolvencias, de un lado, establece que la norma no es aplicable a personas físicas no empresarias, aunque permitía a los Estados ampliar su aplicación a los mismos, algo que hizo España. De otro lado, la Directiva marca que los Estados pueden denegar el acceso a la exoneración de deudas cuando el insolvente haya actuado de forma deshonesta o siempre que la excepción esté debidamente justificada y daba un listado de casos. No obstante, la norma europea no excluye el crédito público de la exoneración.

Por su parte, la ley española fija que no podrán exonerarse las deudas por crédito público, aunque permite perdonar un máximo de 10.000 euros de las deudas con Hacienda y la Seguridad Social. Además, establece que no se perdonarán los créditos cuando el deudor, diez años antes de la petición de exoneración hubiera sido condenado por delitos contra Hacienda o la Seguridad Social o hubiera sido sancionado por infracciones tributarias muy graves.

El magistrado del juzgado de Barcelona pregunta al TJUE si, en el momento en el que el legislador español amplió la norma a las personas físicas no empresarias debió limitarse a aplicar lo que dice la Directiva sobre la exoneración de deudas con el objetivo de que hubiera una armonización de las reglas a nivel europeo.

Hace un mes, en su Auto de 20 de septiembre de 2023, del que ha sido ponente el magistrado Ignacio Sancho Gargallo, la Sala Primera del Tribunal Supremo inadmitió el recurso de casación interpuesto por la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) en cuanto que considera plenamente vigente lo expresado con respecto a la exoneración del crédito público en su conocida Sentencia de 2 de julio de 2019.

En esa sentencia, el Alto Tribunal concluyó que el crédito ordinario y subordinado es exonerable al 100%, aunque el acreedor sea público, y que el crédito privilegiado y los créditos contra la masa se someterán al Plan de Pagos que apruebe el juez del concurso, aunque el acreedor sea público.

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Tambien deberán contar con un seguro de responsabilidad civil que, en función del tipo de concurso, debe cubrir entre 300.000 euros y hasta 4 millones; se fijan sus retribuciones que se podrán incrementar entre un 5% y un 10% por buena diligencia o si el concurso es complejo, pero también se podrán reducir hasta un 50% por incumplimiento de plazos o faltas graves.

Reteibuciones

El reglamento divide las retribuciones según la fase del concurso: común, fase de convenio y liquidación. En la fase común, la base retributiva se calcula aplicando al valor de la masa activa y la masa pasiva un porcentaje que se fija en el reglamento. Para la masa activa que supere los 500.000 euros y hasta los mil millones, la remuneración oscila entre los 3.000 y los 911.500 euros con un porcentaje de aplicación sobre el resto del activo que va del 0,6% hasta el 0,025%. En los concursos complejos, la retribución se incrementará un 5% por cada uno de estos supuestos: si hay más de 2.500 acreedores; si al menos una cuarta parte de los bienes y derechos está en el extranjero; si existe una discrepancia de al menos un 25% entre el valor de los bienes y derechos que figuren en el inventario presentado por el deudor y el definitivamente aprobado, o entre el importe del pasivo que resulte de la relación de acreedores presentada por el deudor y la definitivamente aprobada. También si la empresa tiene más de diez unidades productivas o tres en distintas provincias; si la compañía está cotizada o es un banco o una aseguradora. Además, también se incrementará un 5% por cada 10.000 acreedores reconocidos.

Los plazos para percibir la retribución con convenio son un 25% a los cinco días de la firmeza del auto; un 50% a los cinco días de la presentación del informe del administrador; y el 25% restante, a los cinco días de la resolución que ponga fin a la fase común.

Y en fase de liquidacion la retribución será el 90% de la aprobada para la fase común. Hasta el duodécimo mes se abonará a mes vencido el 3% de la retribución. Después, el administrador no percibirá nada hasta el cierre de la fase de liquidación.

Hay una regla de limitación. La cantidad total máxima que la administración concursal puede percibir será la menor de entre la cantidad de un millón de euros y la que resulte de multiplicar la valoración del activo del concursado por un 4%.

Penalizaciones

El reglamento recoge dos penalizaciones en la retribución del administrador si se incumplen los plazos o se es ineficiente. Si la fase común excede los seis meses, la retribución será un 50% inferior salvo que el juez motive la circunstancia del retraso o que la conducta del profesional haya sido diligente.

Si la fase de convenio excede los seis meses, también se reducirá un 50% la retribución, al igual que si la fase de liquidación supera los ocho meses.
Para poder inscribirse en la sección cuarta del Registro Público Concursal el usuario deberá tener un título universitario, aprobar el nuevo examen de acceso tipo test y teórico (el primero se convocará antes del 30 de septiembre de 2024) y tener un seguro de responsabilidad civil.

El Registro Público Concursal sustituirá a la actual lista de los Decanatos. Para inscribirse en ella, además de los requisitos del anterior apartado, basta con un título universitario y aunque se mantendrá a los administradores que ya hay, se amplía a profesiones distintas como abogados, economistas, titulados en mercantil y auditoría, económicas, gestión y administración de empresas

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¿Qué diferencias existen?

El pre-pack concursal, tal y como su propio nombre indica, es una herramienta previa al inicio del concurso y ha sido añadida de forma novedosa por la Reforma de la Ley Concursal vigente desde el 26 de septiembre- aunque ya era de frecuente utilización en la práctica, su objetivo es agilizar la venta de la unidad productiva una vez abierto al concurso.

La venta de unidad productiva consiste presentar junto con la solicitud de concurso ante el juzgado una propuesta escrita y vinculante de compra de una o varias unidades productivas, por parte de un acreedor o de una persona ajena al concurso.

La persona que adquiere dicha unidad productiva debe comprometerse a continuar la actividad productiva o reiniciar la misma por un mínimo de tres años, pudiéndole ser reclamada una indemnización por daños y prejuicios por parte de cualquier afectado si no cumpliera este compromiso.

Esta propuesta de adquisición puede ser realizada también por personas trabajadoras interesadas en la sucesión de empresa. Si concurrieran varias ofertas el juez solicitará informe a la administración concursal evaluando las diferentes propuestas, además debe pronunciarse sobre los efectos que tendría sobre el concurso la resolución de los contratos que derive de cada una de las propuestas. A efectos laborales y de Seguridad Social se aplica la normativa existente para el caso de sucesión de empresa.

La nueva figura del pre-pack procesal constituye la fase previa a la venta de unidad productiva ya descrita para el caso de insolvencias inminentes o actuales y aunque la unidad productiva ya hubiera cesado en la actividad. Consiste en el nombramiento de un experto con el fin de que recabe ofertas de terceros para la adquisición.

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Durante este tiempo, los concursos de particulares crecieron los primeros siete meses de este año un 84%, mientras los de sociedades descendieron un 17%. El 91% de los procedimientos concursales iniciados estos meses corresponden a concursos (3.815), los planes de reestructuración llegan a 225 y se han registrado 166 procedimientos especiales, según los datos de Informa. Las microempresas suponen el 45% del total, superadas por el 48% de las pequeñas, las medianas son el 7% y no aparece ninguna gran empresa.

La entrada en vigor de la reforma concursal también ha supuesto la disminución de los concursos exprés, que se inició en septiembre del pasado año. Durante los ocho primeros meses del 2022 no bajó del 65,5%, pero en diciembre era ya del 17%. En el primer mes de este año rozaba el 15% y había continuado el descenso hasta el 11% en abril. En mayo la proporción subió al 13% para volver a caer en junio al 9% y en julio –el último dato oficial– se quedó en un 5%.

Según datos del Consejo General de Economistas (CGE) en materia de insolvencias, los concursos de acreedores de personas físicas y autónomos crecieron un 280% entre 2019, antes de la pandemia de coronavirus, y 2022. Este repunte fue mucho más acusado que el experimentado por las empresas, cuyos concursos solo aumentaron un 18%

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• Este procedimiento va dirigido a empresas (tanto personas físicas como jurídicas) en estado de insolvencia actual o inminente con estas características:
• Tener menos de 10 trabajadores de media
• Una facturación menor de 700.000€ o un pasivo inferior a 350.000€.

El procedimiento especial para microempresas se basa en dos elementos: la negociación y el modo en que esta termine. Por lo que, en primer lugar, se contempla un período de negociación de tres meses no prorrogables, durante los cuales se suspenden las ejecuciones singulares y se puede preparar un plan de continuación o la enajenación de la empresa en funcionamiento. Finalizado dicho plazo, se inicia un procedimiento formal.

El inicio del mismo puede conllevar dos formas posibles de tramitarlo ex artículo 685.5 del TRLC:

• Un procedimiento de continuación, concebido como un procedimiento abreviado en el que el deudor y sus acreedores pueden alcanzar una solución acordada a la insolvencia, con independencia de la situación patrimonial del deudor (arts. 697 a 704 del TRLC).

• Un procedimiento de liquidación con o sin transmisión de la empresa en funcionamiento, como instrumento sencillo, rápido y flexible para que las microempresas puedan poner fin a su proyecto empresarial de manera ordenada cuando no haya resultado exitoso (arts. 705 y ss. del TRLC).

Cualquier microempresa podrá comunicar al Juzgado competente para la declaración de concurso la apertura de negociaciones con los acreedores con la finalidad de acordar un plan de continuación o una liquidación con transmisión de la empresa en funcionamiento en el marco de un procedimiento especial, siempre que se encuentre en probabilidad de insolvencia, insolvencia inminente o en insolvencia actual.

El deudor micorempresa (en probabilidad de insolvencia, insolvencia inminente o actual) puede solicitar la apertura de este procedimiento especial mediante la presentación electrónica de un formulario normalizado.

Asimismo, el art. 691 bis del TRLC establece el deber del deudor de comunicar a la TGSS a AEAT en el plazo de 72 horas la presentación del procedimiento especial de continuación sobre el que conste su condición de acreedora.

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Cuando, en los diez años anteriores a la solicitud de la exoneración, hubiera sido condenado en sentencia firme a penas privativas de libertad, aun suspendidas o sustituidas, por delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico, de falsedad documental, contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social o contra los derechos de los trabajadores, todos ellos siempre que la pena máxima señalada al delito sea igual o superior a tres años, salvo que en la fecha de presentación de la solicitud de exoneración se hubiera extinguido la responsabilidad criminal y se hubiesen satisfecho las responsabilidades pecuniarias derivadas del delito”.

Cuando, en los diez años anteriores a la solicitud de la exoneración, hubiera sido sancionado por resolución administrativa firme por infracciones tributarias muy graves, de seguridad social o del orden social, o cuando en el mismo plazo se hubiera dictado acuerdo firme de derivación de responsabilidad, salvo que en la fecha de presentación de la solicitud de exoneración hubiera satisfecho íntegramente su responsabilidad.

En el caso de infracciones graves, no podrán obtener la exoneración aquellos deudores que hubiesen sido sancionados por un importe que exceda del cincuenta por ciento de la cuantía susceptible de exoneración por la Agencia Estatal de Administración Tributaria a la que se refiere el artículo 489.1.5.º, salvo que en la fecha de presentación de la solicitud de exoneración hubieran satisfecho íntegramente su responsabilidad

Cuando el concurso haya sido declarado culpable. No obstante, si el concurso hubiera sido declarado culpable exclusivamente por haber incumplido el deudor el deber de solicitar oportunamente la declaración de concurso, el juez podrá atender a las circunstancias en que se hubiera producido el retraso.

Cuando, en los diez años anteriores a la solicitud de la exoneración, haya sido declarado persona afectada en la sentencia de calificación del concurso de un tercero calificado como culpable, salvo que en la fecha de presentación de la solicitud de exoneración hubiera satisfecho íntegramente su responsabilidad.

Añade el apartado 2 del artículo 487 que “si la calificación no fuera aún firme, el juez suspenderá la decisión sobre la exoneración del pasivo insatisfecho hasta la firmeza de la calificación”.

Cuando haya incumplido los deberes de colaboración y de información respecto del juez del concurso y de la administración concursal.

Cuando haya proporcionado información falsa o engañosa o se haya comportado de forma temeraria o negligente al tiempo de contraer endeudamiento o de evacuar sus obligaciones, incluso sin que ello haya merecido sentencia de calificación del concurso como culpable. Para determinar la concurrencia de esta circunstancia el juez deberá valorar:

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PLABI, en activo desde el pasado día 1 de agosto en la página web, se contempla en la reciente Ley 16/2022 de Reforma de la Ley Concursal. Esta norma introdujo cambios en los procedimientos judiciales que regulan la insolvencia empresarial, en armonía con la legislación europea, incluyendo un procedimiento especial para microempresas dotado de un sistema de formularios normalizados para simplificar y agilizar la gestión procesal.

En PLABI se muestran los activos en proceso de liquidación de estas microempresas, que emplean a menos de 10 trabajadores y que presentan un volumen de negocio anual inferior a 700.000 euros o un pasivo inferior a los 350.000 euros. PLABI obtiene la información de esos activos del Servicio Electrónico de Microempresas, plataforma dedicada a llevar a cabo este procedimiento especial para micropymes, que está disponible en el Portal del Servicio Público de Justicia.

La plataforma de liquidación de bienes es de acceso universal, sin coste y abierta al público. Algunas de las operaciones y peticiones de información requieren de identificación por alguno de los sistemas utilizadas ante la Administración Pública, como Cl@ve, certificado electrónico o DNI electrónico.

Nuevas funcionalidades de la Plataforma

Aunque en la actualidad los bienes se muestran con el nivel de detalle que remiten los liquidadores al Servicio Electrónico de Microempresas, en las próximas versiones se incorporará la posibilidad de detallar los activos en cuanto a su descripción, categorización y aspecto visual, con la inclusión de fotografías de esos bienes en venta. Asimismo, la plataforma añadirá periódicamente nuevas funcionalidades, como permitir la actualización de los activos por parte de los liquidadores.E

El Servicio Electrónico de Microempresas, regulado en la nueva Ley Concursal, es la plataforma destinada a la cumplimentación de formularios normalizados en línea, que permiten agilizar al máximo la liquidación de estas empresas. En esta misma norma se establece una duración en el procedimiento de tres meses, con un mes más de prórroga si lo determina el juez.

Desde su entrada en funcionamiento en enero de este año se han abierto casi 800 expedientes ya, con un valor global de los activos que supera los 127 millones de euros.

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Las soluciones preconcursales pueden facilitar eludir la necesidad de ir a concurso y ofrece una salida a la situación de insolvencia del deudor.

Los objetivos que se persiguen pasan por:

a) Facilitar, tanto las propuestas anticipadas de convenio como la conclusión de acuerdos de refinanciación de deuda entre el deudor y algunos de sus principales acreedores, dotándoles de seguridad y garantía en un eventual procedimiento concursal.

b) Impulsar los acuerdos extrajudiciales de refinanciación que permitirían, sobre la base de la continuidad de la actividad, maximizar el valor del patrimonio del deudor común, incrementando las posibilidades de que incluso los acreedores no intervinientes en el acuerdo puedan satisfacer en mayor medida sus créditos.

Opción del Concurso Exprés

El concurso exprés es una modalidad de concurso de acreedores que se articuló en la legislación concursal para empresas en situación de insolvencia y que carezcan de bienes suficientes para hacer frente a sus deudas. Dicho procedimiento está previsto en el actual Texto refundido de la ley concursal en su artículo 470.

Pueden recurrir a este procedimiento las sociedades que ven inviable continuar con el negocio y prefieren liquidarlo para evitar generar más deuda. Por lo tanto, es un procedimiento reservado a casos muy críticos donde se prevé la imposibilidad de atender a los propios costes de procedimiento concursal.

En este tipo de procedimientos, el juez debe apreciar que de manera evidente el patrimonio del concursado no será suficiente para satisfacer los créditos contra la masa o que no tengan ningún bien para liquidar.

El concurso de acreedores exprés ofrece numerosas ventajas para los empresarios que buscan soluciones rápidas para sus empresas en crisis:

No se procede al nombramiento de administración concursal: esto implica ahorrar tiempo y dinero, ya que el juzgado de la designación no tiene que proceder a la búsqueda y nombramiento de administrador concursal y además se eliminan los honorarios de éste.

No se ejecuta la fase de calificación del concurso: lo que deriva en la no responsabilidad del deudor por la situación de insolvencia en la que se encuentra la empresa.

Expertos en Derecho

Después de más de 55 años de servicios jurídicos para nuestros clientes, Bufete Sempere Jaén cuenta con un grupo de abogados y consultores, profesionales especializados en las más diversas áreas de Derecho a nivel nacional e internacional para atender sus asuntos legales ofreciendo la mejor experiencia legal, alcanzado los objetivos establecidos y trabajando con nuestro sello: confianza, garantía y máxima profesionalidad.

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