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	<title>Tribunal Supremo | BSJ Abogados</title>
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	<description>Bufete de abogados en Alicante</description>
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	<title>Tribunal Supremo | BSJ Abogados</title>
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		<title>El TS permite presentar facturas sin aportar a la AEAT</title>
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		<dc:creator><![CDATA[bsjabogados]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2021 10:00:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias generales]]></category>
		<category><![CDATA[Agencia Tributaria]]></category>
		<category><![CDATA[Tribunal Supremo]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>El Tribunal Supremo insiste: en fase judicial, el contribuyente puede presentar nuevas facturas o cualquier otro elemento de prueba, aunque no los haya aportado en el procedimiento administrativo previo ante...</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">El Tribunal Supremo insiste: en fase judicial, el contribuyente puede presentar nuevas facturas o cualquier otro elemento de prueba, aunque no los haya aportado en el procedimiento administrativo previo ante la Agencia Tributaria (AEAT). Y, además, el juzgado o tribunal están obligados a tenerlos en cuenta. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Así lo establece en una reciente sentencia, en la que los magistrados afirman que se ven «obligados» a «ratificar y reforzar» su propia doctrina, ante la insistencia de Hacienda en solicitar que se invaliden los documentos que no constaban en el procedimiento de comprobación limitada previamente tramitado ante el fisco, pero que sí fueron incorporados en juicio.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Según argumentó la defensa de la AEAT, dicha actuación por parte de la empresa examinada constituía un comportamiento «abusivo o contrario a la buena fe».</span></p>
<h1>La postura tradicional</h1>
<p><span style="font-weight: 400;">Tradicionalmente se mantenía la postura de que no podía aportarse en sede de recurso, ya fuese administrativo o judicial, documentos que no se hubieran aportado previamente en la fase de alegaciones y prueba del procedimiento de gestión tributaria. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">La razón era que la Administración Tributaria no había podido tomarlos en consideración a la hora de dictar la liquidación correspondiente que luego se sometía a revisión.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">El Alto Tribunal dice que es obligado ratificar y reforzar la doctrina establecida por la Sala en la STS 684/2017, de 20 de abril (RCUD 615/2016), que establece que es indudable que se puede presentar con la demanda toda la documentación y prueba de la que disponga para acreditar el derecho, y si esto es así en vía jurisdiccional, con más razón debe ser así cuando la documentación se aporta en sede de recurso de reposición ante la propia Administración gestora.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">El TS añade, además, que si es posible la aportación de elementos de prueba en vía contenciosa cuando previamente no se había aportado documentación en sede del procedimiento administrativo de gestión. Resulta de obligatorio también, si dicha prueba es admitida por el Tribunal, que por la Sala se dé una respuesta razonada y motivada respecto de la valoración de la prueba aportada y declarada pertinente sin que puede denegarse tal respuesta con base en el carácter revisor de la jurisdicción contenciosa administrativa.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-weight: 400;"> </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">    </span> <span style="font-weight: 400;">    </span><span style="font-weight: 400;"> </span></p>
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		<title>El deudor moroso debe abonar 40 euros por cada factura pagada fuera de plazo</title>
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		<dc:creator><![CDATA[bsjabogados]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 May 2021 15:53:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias generales]]></category>
		<category><![CDATA[Deuda]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Tribunal Supremo]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha establecido en una sentencia que cuando el deudor incurra en mora deberá abonar la cantidad de 40...</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo</strong> ha establecido en una sentencia que cuando el deudor incurra en mora deberá abonar la cantidad de 40 euros, en concepto de gastos de cobro, por cada una de las facturas abonadas fuerza de plazo y no como una única cantidad por el conjunto de todas ellas.</p>
<p>La Sala interpreta <strong>el artículo 8 de la Ley 3/2004</strong> por la que se establecen medidas para la lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, que incorporó al derecho interno la <strong>Directiva 2000/35/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de junio de 2000.</strong> Dicho artículo fija una indemnización por costes de cobro y dispone que cuando el deudor incurra en mora, el acreedor tendrá derecho a cobrar del deudor una cantidad fija de 40 euros, que se añadirá en todo caso y sin necesidad de petición expresa a la deuda principal. Además, añade que el acreedor tendrá derecho a reclamar al deudor una indemnización por todos los costes de cobro debidamente acreditados que haya sufrido y que superen la cantidad indicada en el párrafo anterior. También señala que el deudor no estará obligado a pagar la indemnización cuando no sea responsable del retraso del pago.</p>
<p>El tribunal reconoce <strong>el derecho de la entidad financiera BFF Finance Iberia, S.A.U</strong>. a cobrar del Servicio Extremeño de Salud 40 euros por cada una de las facturas emitidas por 28 empresas diferentes, más de 5000, que fueron pagadas fuera del plazo contractual o legalmente establecido. Estas empresas emitieron facturas por suministros y servicios prestados al Servicio Extremeño de Salud y cedieron los derechos de cobro a BFF Finance Iberia, S.A.U., que las agrupó en una única reclamación.</p>
<p>La Sala estima el recurso de casación planteado por la citada entidad financiera contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura que acordó el pago de 40 euros por el conjunto de todas las facturas al atribuir la responsabilidad de ese retraso a la Administración. El juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Mérida, por su parte, denegó los derechos de cobro ya que entendió que el retraso no obedecía a desidia de la Administración, que había tenido que soportar las consecuencias de la crisis económica.</p>
<p>La sentencia, ponencia de la magistrada María del Pilar Teso Gamella, explica que en la Ley y en la Directiva se estableció una cantidad mínima, que opera como suelo, y que es un importe fijo y asegurado de 40 euros que se paga con carácter automático sin necesidad de recordatorio, cuando el deudor incurra en mora. Recuerda que esto último ocurre cuando se presenta al cobro la factura y no se paga en el plazo contractual o legalmente establecido.</p>
<p>De todo ello, la Sala deduce que la cantidad fija de 40 euros ha de pagarse, cuando el deudor incurre en mora, en todo caso y sin necesidad de justificación. A este respecto, destaca que no hay “ninguna norma, ni ninguna razón, para considerar que la indicada cantidad fija de 40 euros únicamente se devengaría en cada reclamación de pago presentada en vía administrativa, aunque agrupe miles de facturas respecto de las cuales el deudor ya incurrió en mora en cada una de ellas”. Sería, según la sentencia, “una suerte de tasa por la redacción del escrito de reclamación en vía administrativa, lo que no se compadece con la regulación contenida en la Ley 3/2004 y en la Directiva 2011/7/UE”.</p>
<p>De modo que, según la Sala, la presentación de la factura y su falta de pago en plazo determina el pago automático de la cantidad de 40 euros, sin necesidad de la presentación posterior de la reclamación de la deuda principal e intereses en sede administrativa.</p>
<p>Razona que en el caso examinado se produce el presupuesto de hecho al que se anuda el pago de la cantidad fija de 40 euros, pues cada factura presentada no fue pagada en plazo, lo que supone unos inevitables costes internos para la empresa relativos a la gestión del impago de cada una de tales facturas, su estudio y sistematización, y respecto de las cuales se proceda posteriormente a la presentación de la correspondiente reclamación económica.</p>
<p>Además, la Sala indica que el derecho al pago de esa cantidad fija de 40 euros, es para “cubrir los costes internos relacionados con el cobro”, como expresamente señala la Directiva 2011/7/UE, y no para costes externos como la presentación de reclamaciones en vía administrativa.</p>
<h2><strong>Voto particular</strong></h2>
<p>La sentencia incluye un voto particular del magistrado Rafael Toledano Cantero, al que se adhiere el magistrado José Luis Requero Ibáñez, en el que defienden que el recurso de casación debería haberse desestimado, confirmándose la sentencia recurrida.</p>
<p>En este caso, creen que la solución de la mayoría impone “un coste desmesurado” a la Administración deudora, con un “enriquecimiento injusto” para el acreedor, que ha actuado con “manifiesto abuso de derecho”.</p>
<p>Los dos magistrados coinciden con la doctrina general de la sentencia -pago de la cantidad de 40 euros por cada factura o documento equivalente en que se haya incurrido en mora-, pero reclaman un tratamiento específico para determinar el importe de los derechos de cobro cuando los créditos hayan sido cedidos a un tercero que opera como un cesionario de los créditos, al margen de aquella relación comercial, como ocurre en el caso litigioso.</p>
<p>En su voto, señalan que “el automatismo” que otorga la sentencia de la mayoría al conceder el derecho automático a percibir un coste de cobro de 40 euros por cada factura reclamada, puede conducir a “situaciones abusivas e incluso contrarias a la finalidad de la Directiva 2011/7UE”.</p>
<p>Ante estas situaciones, subrayan que el reconocimiento del citado derecho “debe ser moderado por los Tribunales, mediante el contraste con los gastos en que realmente haya incurrido el reclamante para efectuar el cobro, al objeto de establecer que la compensación por costes de cobro sea proporcionada y razonable”.</p><p>The post <a href="https://bufetesemperejaen.com/el-deudor-moroso-debe-abonar-40-euros-por-cada-factura-pagada-fuera-de-plazo/">El deudor moroso debe abonar 40 euros por cada factura pagada fuera de plazo</a> first appeared on <a href="https://bufetesemperejaen.com">BSJ Abogados</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>El Tribunal Supremo fija el criterio de los gastos hipotecarios</title>
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		<dc:creator><![CDATA[bsjabogados]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2021 11:12:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias generales]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[Sentencia]]></category>
		<category><![CDATA[Tribunal Supremo]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>El Tribunal Supremo ha establecido en una sentencia que los gastos de tasación en una hipoteca anterior a la Ley Hipotecaria de 2019 también corren a cargo del banco y no del cliente. De esta manera,...</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>El <a href="https://cadenaser.com/tag/ts_tribunal_supremo/a/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><strong>Tribunal Supremo</strong></a> ha establecido en una sentencia que los <strong>gastos de tasación</strong> en una hipoteca anterior a la <a href="https://cadenaser.com/ser/2019/06/15/economia/1560622257_767248.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><strong>Ley Hipotecaria de 2019</strong></a> también corren a cargo del banco y no del cliente. De esta manera, según destaca la sala de lo civil, «los consumidores tienen derecho a la restitución de todos los gastos pagados en concepto de <strong>registro</strong> de la propiedad, <strong>gestoría</strong> y <strong>tasación</strong>, así como de la mitad de los gastos <strong>notariales</strong>«.</p>
<p>Bufete Sempere Jaén como despacho especializado en temas bancarios, te explica qué consecuencias presenta esta <a href="https://www.poderjudicial.es/search/openDocument/a83f54a49332b0d0">sentencia</a> para el consumidor. Esta doctrina supone que los consumidores tienen derecho a la restitución de todos los gastos pagados en concepto de registro de la propiedad, gestoría y tasación, así como de la mitad de los gastos notariales. Solo el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados, en el que las normas tributarias establecen que el principal sujeto pasivo es el prestatario, corre a cargo de los consumidores.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Respaldados por el TJUE</h2>
<p>Los jueces han estudiado el caso de un hombre que llevó a Liberbank a los tribunales reclamando <strong>casi 3.600 euros</strong> por distintos gastos como la notaría, la tasación o la gestoría.</p>
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<div class="afs_ads">Los jueces le dan la razón y explican que desde la <a href="https://cadenaser.com/programa/2020/07/17/ser_consumidor/1594976597_165065.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">sentencia europea de julio</a> sobre gastos hipotecarios, este tipo de pagos deben correr a cargo del banco. «Ante la falta de una norma nacional aplicable en defecto de pacto que impusiera al prestatario el pago de la totalidad o de una parte de esos gastos, no cabía negar al consumidor l<strong>a devolución de las cantidades abonadas</strong> en virtud de la cláusula que se ha declarado abusiva». Sin embargo, si se puede aplicar la norma de 2019, «los gastos de tasación corresponderán al prestatario»</div>
</div>
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		<item>
		<title>El Tribunal Supremo permite desgravar el alquiler de una vivienda pese a no ser declarado</title>
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		<dc:creator><![CDATA[bsjabogados]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2020 16:59:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias generales]]></category>
		<category><![CDATA[Alquiler Vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[Tribunal Supremo]]></category>
		<category><![CDATA[Tributario]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Los ingresos obtenidos por el alquiler de una vivienda pueden beneficiarse de una reducción del 60% cuando tributan en el IRPF como rendimiento del capital inmobiliario. El Tribunal Supremo ha sentado doctrina...</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Los ingresos obtenidos por el alquiler de una vivienda pueden beneficiarse de una reducción del 60% cuando tributan en el IRPF como rendimiento del capital inmobiliario. El <strong>Tribunal Supremo</strong> ha sentado doctrina sobre si este beneficio fiscal sobre el rendimiento neto obtenido puede aplicarse también cuando el contribuyente no declaró estos rendimientos en su Renta correspondiente.</p>
<p>El Supremo, en un <a href="https://www.idealista.com/news/finanzas/fiscalidad/2019/08/27/777182-el-supremo-decidira-si-el-propietario-puede-disfrutar-de-la-reduccion-por-el-alquiler">Auto de julio de 2019</a> acordó precisar “<em>el alcance de la expresión «rendimientos declarados por el contribuyente» contenida en el artículo 23.2 de la Ley 35/2016, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, a efectos de la aplicación de la reducción del 60% sobre los rendimientos derivados del arrendamiento de bienes inmuebles destinados a vivienda.”</em></p>
<p>Considera el Supremo que el <strong>artículo 23.2 de la Ley del IRPF</strong> ampara la aplicación de la reducción en caso de rentas “declaradas”, y no “autoliquidadas”. Esta distinción es muy importante porque permite que un contribuyente que no incluyó los alquileres en su autoliquidación de IRPF, pero que sí los declaró cuando la Administración le inició una comprobación, pueda aplicarse la reducción.</p>
<p>Hasta ahora, el criterio de la Administración era considerar como deuda no ingresada, a efectos de la sanción tributaria, la resultante de no haber declarado los alquileres de vivienda. Y también, sin la posibilidad de reducir esta deuda con la aplicación de la reducción del 60% prevista en el artículo 23.2 de la Ley del IRPF. Pero, ese criterio ahora ha variado con esta sentencia.</p><p>The post <a href="https://bufetesemperejaen.com/el-tribunal-supremo-permite-desgravar-el-alquiler-de-una-vivienda-pese-a-no-ser-declarado/">El Tribunal Supremo permite desgravar el alquiler de una vivienda pese a no ser declarado</a> first appeared on <a href="https://bufetesemperejaen.com">BSJ Abogados</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El TS valida las denuncias anónimas para descubrir fraudes en empresas</title>
		<link>https://bufetesemperejaen.com/tribunal-supremo-valida-denuncia-anonima/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tribunal-supremo-valida-denuncia-anonima</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bsjabogados]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Feb 2020 12:26:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias generales]]></category>
		<category><![CDATA[Tribunal Supremo]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que valida una denuncia anónima como origen de una investigación interna en una empresa para destapar...</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p class="wp-block-paragraph">La Sala de lo Penal del  <strong><a href="http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/">Tribunal Supremo</a></strong> ha dictado una sentencia en la que valida una denuncia  anónima como origen de una investigación interna en una empresa para  destapar un fraude. El tribunal destaca la importancia de este tipo de  denuncias en el que la  empresa no tenía un programa de cumplimiento normativo interno. </p>



<p class="wp-block-paragraph">El  tribunal recuerda que el ‘canal de denuncias interno’, también  denominado ‘<strong>whistleblowing</strong>’, ha sido incluido en la reciente directiva  2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de  2019, que protege a las personas que informan sobre infracciones del  derecho de la Unión.</p>



<p class="wp-block-paragraph">En su sentencia, el Tribunal Supremo ha desestimado los recursos  interpuestos contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de  Zaragoza, Sección Tercera, que condenó por <strong>un delito de estafa a cinco  de los acusados a la pena de dos años de prisión y a nueve meses de  prisión a un sexto como cómplice. </strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Los hechos probados recogen que tres trabajadores de una empresa del 
sector de fabricación de hierro y acero, dedicada a la adquisición de 
material de chatarra y su transformación en acero, se pusieron de 
acuerdo con proveedores para recibir cargas de chatarra mezclada con 
estériles (materiales de desecho no reciclables en hierro ni acero) en 
un porcentaje muy superior al habitual en el sector de chatarrería.</p>



<p class="wp-block-paragraph">De esta manera, los trabajadores, encargados de clasificar la  chatarra por categorías y de establecer el porcentaje de descuento por  estériles mezclados con la chatarra útil para la transformación en  acero, cuando llegaba la carga de chatarra a la empresa transformadora  efectuaban un descuento por estériles muy inferior a la cantidad que  realmente estaba mezclada con la chatarra útil de manera que su propia  empresa pagaba por chatarra convertible estériles inservibles para la  transformación.<strong> Ello ocasionó un fraude tasado en la responsabilidad civil de  456.340&#8217;27 euros, en el caso de un grupo de condenados, y otra de  340.650&#8217;66 euros, en otro grupo. </strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">La Sala destaca que <strong>el origen de la investigación surge de una  denuncia anónima recibida en el departamento de recursos humanos</strong> de la  empresa que advertía de que se estaban realizando maniobras fraudulentas  en las entregas y clasificación de la chatarra, lo que dio pie a una  investigación interna que acabó en el descubrimiento de los hechos.</p>



<p class="wp-block-paragraph">En definitiva, añade la sentencia, <strong>se busca reforzar la protección  del whistleblower y el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión e información reconocida en el art. 10 CEDH y 11 de la Carta  de los Derechos Fundamentales de la UE,</strong> y con ello incrementar su  actuación en el descubrimiento de prácticas ilícitas o delictivas, como  en este caso se llevó a cabo y propició la debida investigación policial  y descubrimiento de los hechos. </p>



<p class="wp-block-paragraph"></p><p>The post <a href="https://bufetesemperejaen.com/tribunal-supremo-valida-denuncia-anonima/">El TS valida las denuncias anónimas para descubrir fraudes en empresas</a> first appeared on <a href="https://bufetesemperejaen.com">BSJ Abogados</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
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