En el mundo empresarial, el manejo de deudas y créditos es un desafío constante. Cuando las empresas enfrentan dificultades financieras, es común que busquen medidas como planes de reestructuración. Esto lo hacen para aliviar su carga de deudas y asegurar la viabilidad de su negocio. El tipo de crédito si son créditos de derecho público u ordinario, puede hacer una gran diferencia en cómo se estructuran estos planes. Y en la posibilidad de que se aplique una quita o aplazamiento de pagos.
Un aspecto fundamental a entender; es la exclusión de ciertos créditos de Derecho Público del alcance de los planes de reestructuración. Esto significa que estos créditos, a diferencia de otros, no están sujetos a las quitas o aplazamientos que puedan negociarse en dichos planes. Pero, ¿qué hace que un crédito sea considerado de Derecho Público? Profundicemos en ello.
¿Qué es un crédito de derecho público?
Según el artículo 5.2 de la Ley General Presupuestaria (LGP); un crédito de Derecho Público es aquel cuya titularidad recae en una entidad de la Administración Pública; y que surge del ejercicio de potestades administrativas. Esta definición incluye créditos derivados de impuestos, así como otros tipos de derechos económicos que tengan los mismos requisitos. Estos créditos gozan de una serie de prerrogativas administrativas, que los diferencian de los créditos privados u ordinarios.
Este concepto es crucial cuando se trata de planes de reestructuración de empresas. Ya que permite que ciertos créditos públicos se excluyan del “perímetro de afectación” del plan. Esto fue evidente en el reciente caso de reestructuración de la empresa J. Vilaseca, donde la consideración de algunos créditos como de Derecho Público fue determinante. Un impugnante del plan, la empresa Iberdrola, alegó que estos créditos debieron ser tratados como ordinarios y, por lo tanto, incluidos en el plan. Sin embargo, se mantuvo su exclusión, destacando así la diferencia que supone esta calificación en el tratamiento de las deudas.
Ejemplos de créditos de derecho público
Este tipo de créditos pueden provenir de diferentes organismos; incluyendo al Ministerio de Industria, el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), y otros institutos financieros públicos. En el caso de los créditos del CDTI, aunque se conceden bajo condiciones financieras favorables y, en algunos casos, sin intereses; su calificación como crédito de Derecho Público depende de la interpretación de si fueron otorgados en el marco de una potestad administrativa o como un simple préstamo financiero.
La diferencia no es menor: en el reciente fallo de la Audiencia Provincial de Barcelona sobre el caso J. Vilaseca, se determinó que estos créditos debían considerarse como de Derecho Público, y, por lo tanto, quedaron excluidos del plan de reestructuración.
Este mismo criterio se ha aplicado en otros casos recientes, como el de Das Photonics. Donde se concluyó que solo aquellos créditos del CDTI con una parte no reembolsable superior al 30% pueden considerarse como subvenciones. Por ende, sometidos al Derecho Público.
Implicaciones de la exclusión de créditos de derecho público en planes de reestructuración
La exclusión de los créditos de Derecho Público de un plan de reestructuración implica que estos créditos no estarán sujetos a los efectos de dicho plan, como aplazamientos o quitas. Esto puede representar un alivio menor de la deuda total para la empresa, ya que una parte significativa de la deuda no se modifica.
Además, esta exclusión suele provocar disputas y recursos legales. Como en el caso de Iberdrola, donde se argumentó que estos créditos debían ser tratados como ordinarios. El criterio de la Audiencia fue que el origen administrativo de los créditos justifica su naturaleza pública; independientemente de las condiciones favorables de los mismos.
En resumen, en un plan de reestructuración, la calificación de los créditos como de Derecho Público o privados puede ser decisiva para definir qué deudas se ven afectadas y cómo. Este detalle técnico se convierte en una cuestión de gran importancia para las empresas que buscan aliviar su carga financiera.
Conclusión: ¿cómo puede ayudar un equipo legal?
El tratamiento de créditos de derecho público en planes de reestructuración es un tema complejo, donde cada detalle cuenta. Si su empresa se encuentra en un proceso de reestructuración o desea asesoría sobre cómo gestionar sus deudas de forma óptima; un equipo legal especializado puede ser su mejor aliado. En Bufete Sempere Jaén contamos con un equipo de expertos que tu empresa necesita.
